En el prólogo del libro “Nunca Más” que se escribió como consecuencia del famoso y voluminoso informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que le fuera entregado al presidente Alfonsín el 20 de septiembre de 1984, se cuenta esta historia:

“Con motivo del secuestro del ex primer ministro italiano, Aldo Moro, un miembro de las fuerzas de seguridad le propuso al General Della Chiesa torturar a un detenido que parecía tener información, a lo que el jefe de los carabineros respondió con palabras memorables: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No en cambio, implantar la tortura”.

Uno de los apuntes que se entregan como lectura obligatoria en una de las materias a los estudiantes de Derecho de la UNS escrito por el ex juez José Ares, hace referencia al aspecto ético de la instrumentación del valor justicia, y a los “ríos de sangre y lágrimas (textual)” que le ha costado a la humanidad, en su desarrollo histórico y social, la conformación de las denominadas garantías que “se fueron dando como reacciones en pro de la dignidad del hombre avasallado por el poder arbitrario del Estado”.

El texto dice luego que el “delito es ciertamente desvalorado por la comunidad; sin embargo el Estado no debe combatirlo cometiendo ilícitos o transgrediendo las propias reglas fijadas como salvaguarda, con que autolimitara su poder”. Y a renglón seguido se lee: “Resulta plausible el descubrimiento de la verdad para establecer responsabilidades y aplicar las respectivas sanciones, pero ello no debe lograrse a como dé lugar. El fin no justifica los medios. El Estado debe guiarse por una escala de valores fundamentales”.

En la Argentina, desde la incorporación al texto constitucional de los tratados internacionales como el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “las garantías que se consideraban implícitas y propias del llamado debido proceso han sido ampliadas y reinterpretadas”, a la luz de lo que justamente establece, por ejemplo el art 8 de aquella Convención.

A esta altura, ya nadie duda ( creemos) que ese valor ético y funcional del debido proceso es un elemento esencial en la configuración de un verdadero Estado de Derecho que no es algo etéreo e inalcanzable sino que es uno de los principios democráticos fundamentales por los cuales todas las personas e instituciones, públicas y privadas, incluido el Estado como tal, se someten en un marco de igualdad al imperio de la ley bajo el amparo de los derechos humanos, la separación de poderes y la no arbitrariedad.

Dicho esto, vamos a hacer un repaso cronológico de cómo se fue dando la secuencia del juicio a los dirigentes locales de la UOCRA, para intentar escudriñar si existen puntos de contacto entre lo sucedido en nuestra ciudad y lo revelado hace unos días con el ya famoso video de la reunión en el Banco Provincia encabezada por el ex ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, de la que participaron miembros de la AFI, otros funcionarios provinciales y empresarios del sector de la construcción.

NOTA: para evitar confusiones e interpretaciones malintencionadas aclaramos, una vez más por si hiciera falta, que esto de ninguna manera significa avalar conductas delictivas. Hablamos de otra cosa: hablamos del verdadero compromiso que significa respetar el valor ético de la justicia, la no arbitrariedad, en un Estado de Derecho.

20 de septiembre de 2017: En el marco de una visita a Bahía para entregar 370 escrituras, la gobernadora María Eugenia Vidal dijo: “Hay obras en 4 rutas que están paralizadas por la actitud mafiosa del Delegado Regional del Gremio, José Burgos. Los trabajadores no pueden perder su trabajo por la intervención mafiosa de un sindicato”

21 de septiembre, es decir, un día después: “Negociar no es imponer”, se titulaba un comunicado de la UIA Bahía Blanca en el que pedían terminar con estas prácticas mafiosas que atentan contra la previsibilidad y la competitividad de las empresas.

22 de septiembre de 2017: La UIA Bahía Blanca vuelve a mencionar que empresarios adheridos se quejan porque dirigentes de la UOCRA los obligan a contratar ciertas firmas para trasladar al personal a las obras, servicio de comidas y baños químicos.

25 de septiembre de 2017: El intendente Gay formula declaraciones en las que obviamente apoya los dichos de la gobernadora, recuerda que vienen recibiendo quejas de los empresarios desde hace algún tiempo, y reclama la actuación de oficio de la justicia.

Ese mismo día la Cámara de la Construcción anuncia que sus abogados “están evaluando” la posibilidad de presentar una demanda judicial y paralelamente también reclama que la justicia actúe de oficio.

Y justamente ese mismo día por la tarde, se anunciaba oficialmente desde la Fiscalía General del Departamento Judicial de Bahía Blanca que se iniciaba una investigación de oficio que recaía en la fiscalía a cargo del Dr. Gustavo Zorzano.

26 de setiembre de 2017: El Fiscal General Juan Pablo Fernández defendía públicamente la decisión de actuar de oficio y paralelamente declaraba: “Se viene hablando desde hace mucho tiempo” y reclamaba que “los privados hagan su parte y aporten pruebas para el desarrollo de la investigación”.

13 de octubre de 2017: “Estamos luchando y desplazamos a las mafias que se disfrazan de sindicalistas”, decía el por entonces ministro de Trabajo tras un acto del que participaron Gay, la senadora Nidia Moirano, el por entonces diputado Santiago Nardelli, el ex secretario Fabio Pierdominici, la nueva conducción de la UOCRA y autoridades de la Unión Industrial, en el que se firmó un llamado “Acuerdo de Convivencia”.

Cualquiera que se tome el trabajo de cotejar la cronología mencionada con lo sucedido a partir de la “curiosa” reunión del Banco Provincia, (filmada por los organismos de inteligencia), advertirá que el guión bahiense no tendría nada de original, ni fue creativo.

NOTA: más allá de las finas ironías que intercambiaron hace unos días un luchador incansable contra “algunas” mafias ( no todas) , y un magistrado/profesor que a sus alumnos les habla y conceptualiza sobre el Estado de Derecho y la importancia del Debido Proceso cuando se debe administrar justicia.

Como “MasterChef” o “Casados con Hijos” se trata de una licencia. Pero al margen de las coincidencias siempre hay excepciones: hasta ahora en la versión del pago chico la letra, como decíamos, es muy parecida, lo que no tenemos aún es la versión filmada.

Como decía un veterinario amigo si tiene cuatro patas, mueve la cola, ladra, y se llama Rin Tin Tin seguro que no es un gato.

Nota editorial escrita por Luis Alberto Cano, director de nuestro diario digital y de FM Altos 97.9.